LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL SEGUNDO TIEMPO
El pasado lunes 3 de marzo el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas ---en su gran mayoría tributarias--- para contrarrestar el bajo crecimiento experimentado en 2007 y enfrentar el presente año con mayor dinamismo, pues el escenario económico internacional se prevé complejo debido a la crisis hipotecaria de Estados Unidos y, consecuentemente, a una posible recesión de la economía norteamericana.
Dentro de las medidas se anunció la reducción del impuesto específico a los combustibles que implica una disminución de 1,5 UTM por m3 para los primeros seis meses. Una vez transcurrido el lapso señalado, la disminución variará dependiendo del precio promedio del petróleo en los últimos 12 meses, donde el beneficio podría situarse entre 0 y 1,5 UTM por m3 (con rangos de 0,5 UTM mt³).
Sin duda, la medida presentada va en directo beneficio al bolsillo de la población, y entrega la "tranquilidad" que este gobierno requiere previo a un período de elecciones como el que se aproxima. El consecuente efecto en la inflación (se estima una reducción del IPC entre 0,2 a 0,4%) a su vez otorga ---indirectamente--- un impulso adicional al dinamismo de nuestra economía, por cuanto brinda cierta holgura al Banco Central para alcanzar las metas inflacionarias.
Si bien la rebaja del impuesto específico a los combustibles implicará una disminución aproximada de $50 por litro de bencina, creemos que la actual holgura fiscal, fundada en un precio del cobre que bordea los US$ 4 la libra, establece las condiciones para haber reaccionado de una manera más audaz, reduciendo en mayor medida o eliminando el tributo en cuestión, de forma de atenuar las distorsiones que el impuesto genera.
Por otra parte, si bien es sabido que el elevado precio del cobre tiene un carácter transitorio, esto no justifica el también carácter transitorio de la medida. Lo anterior, debido a que la rebaja del tributo se funda no sólo en la actual holgura fiscal como ha señalado el Ejecutivo, sino también en las distorsiones que genera el impuesto a favor del uso del diesel que generan una ineficiencia tanto al sector productivo como al sector transporte de nuestra economía, y por ende que perjudican en mayor medida a los más pobres. Por esta razón se esperaban medidas más audaces que una reducción por un plazo de dos años, lo que implica que el beneficio finalice, post elecciones municipales y presidenciales, justo al término de la administración Bachelet.
Otra de las medidas anunciadas es el adelanto en la rebaja en la tasa general del impuesto de timbres y estampillas de 1,35% a 1,2%, estipulada inicialmente para enero de 2009, medida positiva que recae sobre todos los consumidores de créditos, sin embargo la marginalidad de esta medida no traerá mayores modificaciones en las decisiones de inversión.
Por otro lado, la eliminación de este tributo para las empresas de menor tamaño constituye un positivo avance en la dirección de mejorar su competitividad y niveles de inversión, aumentando de forma considerable el acceso al crédito. En definitiva, esta medida mejorará sus actuales condiciones de financiamiento, y lo más importante es que aumentará la competencia entre instituciones bancarias, pues con financiamiento más accesible, un mayor número de empresas estará dispuesta a endeudarse, y los bancos ofrecerán productos a mejores precios de forma de cautivar a un mayor número de empresas. Por otro lado, las Pymes podrán desplazarse y aumentar la movilidad de un banco a otro, pues actualmente deben pagar el impuesto cada vez que se cambien de banco, lo que perjudica la competencia.
La medida que busca incentivar la utilización de vehículos ecológicos es positiva pues busca disminuir la contaminación y utilización de combustibles contaminantes, sin embargo este beneficio debería ser permanente y no transitorio (término al 31 de marzo 2010), sobre todo si la utilización de este tipo de vehículos es bastante pequeña en Chile en comparación con otros países. Por ello, el beneficio debería ser de largo plazo de forma de generar un aporte real a la descontaminación y a la promoción de vehículos ecológicos.
En cuanto a la medida que inyecta US$ 5 millones al presupuesto de Innova Chile de Corfo para fortalecer la investigación de los biocombustibles, es importante señalar que sin duda es un aporte significativo, sobre todo si pensamos en nuestra actual y crítica situación energética, de la gran dependencia petrolera y de su actual nivel de precios; sin embargo, esta inyección de recursos se contrapone con las tendencias mundiales a saber, como el mercado europeo, estadounidense, y brasilero que han obtenido un mayor avance al respecto a través de una serie de incentivos tributarios, impulsando el uso de los biocombustibles (1).
La última medida anunciada se refiere a la disminución del crédito especial del IVA a la vivienda. Al respecto, el Ejecutivo señaló que esta medida compensa la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para las empresas de menor tamaño, lo cual, bajo el actual escenario fiscal, parece absolutamente innecesario. Por ende, esta medida sólo brinda una señal contradictoria a nuestra economía, contrarrestando los positivos efectos para el crecimiento al perjudicar la inversión y el empleo de la construcción. No olvidemos que el sector construcción aporta más del 55% de la inversión y cerca del 5% de los empleos a lo largo del país.
Cabe destacar también que la disminución de la franquicia a la construcción, tiene un precedente político importante: a fines del año 2004, se inició la tramitación legislativa de un proyecto con fines similares (eliminar el crédito especial de IVA a la vivienda)(2), el que fue rechazado durante su primer trámite legislativo, con lo que se logró evitar en ese momento el negativo efecto sobre la inversión y el empleo, además del innecesario encarecimiento de las viviendas para las personas. Así, la reposición de la idea señalada, tiene una doble lectura, puesto que de manera indirecta consagra una vez más la connotación negativa que a lo largo de su gobierno le ha dado Bachelet a la legítima obtención de ganancias en ciertas actividades ---en este caso la construcción--- para quienes realizan su labor de una manera eficiente. Por esta razón, además del efecto directo sobre la actividad constructora ---a pesar de que empieza a regir el año 2009--- la medida propuesta tiene el efecto indirecto de limitar la inversión, por cuanto disminuye el incentivo a la entrada de nuevos participantes al rubro.
Otra de las consecuencias que se podría dar con la medida en comento, es la construcción de viviendas más pequeñas y con terminaciones de menor calidad con el fin de que las viviendas accedan a la franquicia. Así, especialistas de la industria han comentado que quien estaba dispuesto a comprar una vivienda de 2.500 UF deberá, en caso de aprobarse la modificación, conformarse con el equivalente hoy a una de 2.000 UF, pues el incremento del costo de construcción que implica la disminución de la franquicia sería sin duda traspasado a precio.
En conclusión, las medidas económicas que el Gobierno anunció para darle dinamismo a lo que han denominado su "segundo tiempo" van ---en su gran mayoría--- en la dirección correcta. Lamentablemente, estas son tímidas e incluso pueden en parte revertirse por el negativo efecto en el sector construcción que puede tener la eliminación del crédito especial de IVA para la vivienda. Las últimas cifras de Imacec (3,4%) e inflación (0,4%) para los meses de enero y febrero respectivamente, demandan la urgencia de un paquete que impulse un dinamismo de largo plazo en la economía chilena. ■■■■■
Alejandra Candia D. y Luis Felipe Labbé M.
Instituto Libertad
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL DE LA ONU
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