Rossana Santoni
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) declaró ayer que las irregularidades en la Seremi Metropolitana son de "masivo conocimiento interno y de larga data".
En un comunicado interno los dirigentes de Andime sostuvieron: "Todas las situaciones irregulares que han sido denunciadas por parte de los funcionarios del área metropolitana a este Directorio Nacional, muchas de las cuales son constitutivas de delito, se han ido enquistando peligrosamente en el quehacer cotidiano en la RM. Se ha instalado una conducta peligrosa para la administración pública, que ya no genera asombro ni entre los mismos funcionarios, pues ha constituido una práctica regular en la RM".
Según precisó el secretario general del gremio, Hugo Morales, los funcionarios trabajan sobre la base de las órdenes que emiten las autoridades, por lo tanto, no se les puede responsabilizar exclusivamente de estas anomalías, como lo ocurrido con Franka Grez y Julio Jiménez, quienes trabajaban en el departamento de financiamiento de subvenciones.
"La responsabilidad no se delega y eso está en manos de las autoridades políticas que son las que tienen que firmar las resoluciones que dan las órdenes, ellos son los responsables de la gestión", explicó Morales.
En el documento interno también se cuestiona el rigor de los sumarios al afirmar que éstos "no han dado garantía de seriedad ni transparencia de sus resultados. No se han respetado, en muchos casos, los procedimientos formales estipulados en el Estatuto Administrativo para su ejecución que den seguridad de un justo proceso administrativo a los funcionarios convocados a declarar".
Además de las irregularidades financieras, en Andime denunciaron que el seremi Alejandro Traverso efectuó despidos injustificados, los que reemplazó con personas de su confianza sin los conocimientos necesarios para desempeñar dichos cargos. Según detallan en el documento, "la Seremi ha sido dotada de exuberantes presupuestos, estructuras y sobre dotaciones de personal, ingresadas bajo los parámetro de la arbitrariedad.
"Existía un clima de miedo y tensión, Traverso fue muy déspota, muy prepotente con el trato a los funcionarios. Si tú tenías una discrepancia con él podías sufrir cualquier castigo, te cambiaban de provincial o si estabas a contrata llegaba fin de año y, sin avisarte previamente, te despedían", afirmó la dirigenta Marcela Flores.
En el comunicado sostienen que se espera que la elección del nuevo seremi "se adopte con miras a la proacción frente a los casos de corrupción que se han denunciado".
Inspectores no alcanzan a fiscalizar todos los colegios
La escasa cantidad de inspectores a nivel nacional que fiscalicen a los establecimientos educacionales, ha sido otra realidad que ha quedado en evidencia tras la seguidilla de irregularidades conocidas dentro del Ministerio de Educación. En la Andime denuncian que estos funcionarios no alcanzan a cubrir la demanda de colegios, además de que no cuentan con las herramientas mínimas que establece la ley para efectuar sus labores.
En el documento constatan que "la falta de dotación de personal es un tema que salta a la vista, pues existe un solo fiscal para desarrollar largos e innumerables procesos de subvención. El universo de trabajo es inmensamente superior a la dotación de 36 inspectores para cubrir este gran desafío laboral que encomienda la ley".
También aclaran que no aceptarán juicios descalificatorios que inculpen a estos inspectores pues ellos trabajan según las órdenes que reciben de sus superiores.
Los inspectores reciben un sueldo de $500 mil líquidos, deben fiscalizar entre uno y dos colegios al día y reciben un viático mensual de $23.000 con lo que deben financiar todos sus gastos de traslados. No cuentan con vehículos que los trasladen a los distintos establecimientos. En el sector oriente de Santiago hay sólo tres fiscalizadores que deben recorrer más de 240 colegios, además de completar las actas correspondientes para cada uno de ellos.
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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