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Monday, February 06, 2017

Andres Chadwick P : Manos a la obra ahora ...ahora ya

Manos a la obra ahora

Manos a la obra ahora

ENERO DE 2017 quedará grabado en la memoria de los chilenos por una catástrofe sin precedentes. Llevamos tres semanas de voraces incendios en seis regiones, que han dejado una ola de devastación y angustia. Como corresponde, solo cabe enfrentar con unidad y solidaridad la reconstrucción que se viene por delante. En eso, el corazón de los chilenos nunca falla. Así lo demuestran los millares de voluntarios y las campañas de ayuda que se multiplican. También el compromiso de las más de 20 mil personas que combaten el fuego: bomberos, brigadistas, policías y FF.AA. Y la oportuna ayuda de privados, graficada en la donación del SuperTanker de Lucy Avilés.

Ello no obsta a que cada uno cumpla su rol, no hay que confundirse. La oposición tiene el deber y la obligación de colaborar y aportar su experiencia al gobierno, incentivando lo bueno, pero haciendo presente lo que no se hace bien. Por ello, no caben descalificaciones políticas cuando se señalan errores para corregirlos. Aunque duela, no nos engañemos: el gobierno actuó tarde y mal, hubo negligencia y falta de liderazgo.

Hay casos emblemáticos: la demora de una semana en decretar zona de catástrofe, el deplorable funcionamiento de Conaf (tenía ¡Tres de sus seis aviones! en pana), la reticencia a la llegada del Supertánker (se demoró 4 días y solo fue recibido cuando La Moneda se aseguró que los donantes pagarían ¡Hasta el agua!) y la falta de conocimiento técnico del director de la Conaf, quien insistió en que este avión -aplaudido por la gente en cada descarga- u otros similares, no servían para la geografía chilena.

Ahora hay que corregir errores, entendiendo que Chile es un país de emergencias, que no son la excepción: terremotos, tsunamis, aluviones, volcanes, incendios cada vez más voraces, inundaciones, etc. Tenemos que adecuar nuestra institucionalidad, no hay tiempo que perder. Por ello, no es entendible que la administración Bachelet haya tenido tres años durmiendo en el Congreso los proyectos del gobierno del Presidente Piñera que creaban una nueva Onemi y transformaban la Conaf en un organismo público. Dos iniciativas extremadamente necesarias y así lo ha tenido que reconocer el gobierno: forzado por la catástrofe, tuvo que incluir los proyectos sobre Onemi y Conaf en las prioridades legislativas 2017. Pero se perdieron tres años en temas que no pueden esperar un segundo más.

Lo mismo pasa con las FF.AA. Hay que dejar atrás los complejos políticos y entender que deben jugar un rol permanente y central en un sistema de emergencias. Nuestras instituciones armadas, incluyendo Carabineros, son los únicos organismos en Chile capaces de desplegarse en terreno rápidamente -con la logística, coordinación y el mando necesario- y así lo han demostrado. Su rol es tan valorado, que los vecinos de Valparaíso víctimas del último incendio acaban de pedir su regreso tras su retirada de la zona. Las FF.AA. también deben tener un papel potente en prevención. Hay que capacitarlas para enfrentar desastres naturales, labor que es un muy buen complemento en tiempos de paz para instituciones en las que el país ha depositado un rol fundamental: el resguardo de nuestra soberanía. Qué mejor que tener FF.AA. integradas al país, con un aporte profesional y social valorado por los chilenos.

Manos a la obra ahora, que lamentablemente no sabemos cuándo será tarde de nuevo.


Saludos
Rodrigo González Fernández
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Wednesday, January 11, 2017

adn: Sofofa por conflicto en La Araucanía: "En este gobierno ha empeorado"

 

Sofofa por conflicto en La Araucanía: "En este gobierno ha empeorado"

"La situación es cada día más compleja", indicó Hermann von Mühlebrock.

Sofofa por conflicto en La Araucanía:

Hermann von Mühlebrock. Foto: Agencia Uno

El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlebrock, comentó las razones que llevaron al organismo a publicar un inserto en diversos medios de comunicación, en donde emplazan al Gobierno a actuar en el conflicto en La Araucanía. 

"Nuestra responsabilidad fue con los empresarios de la zona para que todo el país se entere de lo que pasa", señaló. 

En esa misma línea, el empresario sostuvo que "no vemos para nada mejoraría, la situación es cada día más compleja". 

"En este gobierno no ha mejorado, ha empeorado más que mejorado", enfatizó. 


























































































Fuente:ADN 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#drafts?compose=1598f11ebeebd4c4
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Friday, January 06, 2017

Luis Larraín : Un peligro para la sociedad

Un peligro para la sociedad

Foto: La Tercerca

Hace cuatro años, Francisca Linconao convocó a un grupo de personas a su casa en las cercanías de Vilcún. Después de reunirse allí partieron tres camionetas, con cerca de diez personas en cada una de ellas. La propia Francisca Linconao tripulaba una de color rojo, según recuerda en su confesión José Manuel Peralino, formalizado junto a la Machi Linconao y otros nueve comuneros acusados del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio de ancianos que fueron atacados cerca de la una de la madrugada en su hogar, en las inmediaciones de Vilcún. Luego, los atacantes volvieron a la casa de Linconao, donde se deshicieron de parte de las armas utilizadas en el asalto.

Francisca Linconao conocía al matrimonio, pues su hermana Juana trabajó durante cerca de 50 años para ellos en su casa como empleada doméstica. Desde marzo de este año, la Machi Linconao está imputada por este delito y cumple prisión preventiva, en estos momentos en el Hospital de Nueva Imperial según consigna El Líbero, por haber sido considerada un peligro para la sociedad.

Desde hace una semana, la izquierda y el Gobierno han intensificado una campaña para presionar al Poder Judicial de manera que levante la medida precautoria de prisión preventiva por razones de salud.

El intendente regional y una subsecretaria del Gobierno de Michelle Bachelet han visitado a Francisca Linconao, pese a que la Intendencia es querellante en el caso contra ella y, según informaciones sobre el mismo, ha dejado de ejercer varios derechos y diligencias como parte acusadora. El lunes, el Instituto de Derechos Humanos, organismo de gobierno, emitió una declaración pública apoyando a Francisca Linconao. El diputado Gabriel Boric ha intervenido también en el caso pidiendo la libertad de la Machi.

El Instituto de Derechos Humanos, Boric y varios políticos de izquierda defienden a una mujer acusada del horrible asesinato de dos ancianos. Frente a la contradicción que ello representa, los cercanos al Instituto señalan que los derechos humanos sólo pueden ser afectados por el Estado, de modo que a los Luchsinger Mackay no se les han violado los derechos humanos, sino que sólo ha sido un problema entre particulares. Ese es un argumento burocrático, pues algunos organismos internacionales efectivamente siguen ese criterio, lo que no significa que haya consenso respecto a esa definición, que es muy funcional a la izquierda: permite que grupos terroristas, por  ejemplo las FARC, no puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos pese a la constancia de horribles crímenes, como encerrar a todos los habitantes de un poblado en la capilla y quemarlos vivos.

No ven entonces ningún problema, amparados en ese argumento burocrático y discutible, en intervenir en la discusión pública para favorecer en el proceso que les siguen los tribunales a los imputados por este horrible crimen. Aún en esta circunstancia, si el Instituto de Derechos Humanos tiene la pretensión de que crezca en la población la conciencia acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos, es imprudente que se sienta llamado a intervenir públicamente en defensa de los imputados por este crimen, en el marco de una ofensiva política para lograr beneficios para ellos.

Es una burla para los familiares de los Luchsinger esta actuación de un organismo del Estado, y degrada la defensa de los derechos humanos, porque existe la legítima impresión en la ciudadanía de que se utiliza esta institución para lograr objetivos políticos. ¿O alguien cree que el Instituto de Derechos Humanos defiende con igual celo los derechos de otros imputados por miles de delitos que cumplen prisión preventiva porque el tribunal consideró que son un peligro para la sociedad?

Una familia en La Araucanía que perdió a sus familiares en un cruel asesinato se siente desamparada hoy por un Estado que no sólo no ha impartido justicia hasta la fecha, sino que actúa para favorecer a quienes están acusados de ese crimen.

El Gobierno de Michelle Bachelet sigue utilizando el aparato del Estado para favorecer a sus partidarios y grupos de presión, y no para cumplir su mandato de resguardar el Estado de derecho en beneficio de todos los ciudadanos.

 

Por Luis Larraín


Saludos
Rodrigo González Fernández
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Thursday, January 05, 2017

CORRUPCIÓN ¿se estará aplicando la norma iso 37001 sobre prevencion de la corrupción?

UNA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUIERE ACABAR CON EL SOBORNO EN LAS EMPRESAS

Una nueva norma ISO asesora y certifica a organizaciones para no incurrir en este tipo de prácticas, algo que, en México, alcanza cifras alarmantes.
El estándar internacional es de adopción voluntaria.
Adiós al transa.  El estándar internacional es de adopción voluntaria.  (Foto: POR: Sr. García)
AMINETTH SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Walmart de México protagonizó, hace cuatro años, uno de los episodios de corrupción empresarial más emblemáticos a escala mundial. El 21 de abril de 2012, el periódico estadounidense The New York Times reveló que la firma habría destinado 24 millones de dólares para sobornar a funcionarios mexicanos que facilitaron su estrategia de expansión en el país. La noticia dio la vuelta al mundo, pero no ha sido un caso único. Compañías como Oceanografía, Avon y Hewlett-Packard han sido señaladas de participar en hechos similares.

México no es un caso aislado y la situación preocupa, tanto que, para complementar las leyes nacionales y reforzar los acuerdos mundiales contra la corrupción, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) –encargada de crear y promover el uso de estándares– publicó el pasado 15 de octubre la primera norma global antisoborno: ISO 37001.

El estándar, que es de adopción voluntaria, proporciona una orientación para implementar un sistema de gestión antisoborno dentro de empresas de cualquier tamaño, organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno.



La encuesta de Combate a la Corrupción 2015, realizada por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), revela que la principal práctica de corrupción que se presenta en las compañías en México es el soborno. De los 244 empresarios consultados, 64% afirmó que si no paga sobornos, pierde negocios.

Opinión: La corrupción impide a México explotar el potencial de la economía

El pulso internacional es similar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, calcula que, cada año, se destinan entre 1,500 y 2,000 millones de dólares a sobornos.

"Las leyes y regulaciones dicen qué no hacer: no des sobornos, no incurras en actos criminales...", dice Judith Galván, socia de Servicios de Asesoría Financiera de la consultora KPMG. "Éste es un estándar con recomendaciones sobre qué hacer dentro de la organización para prevenir y disuadir actos de corrupción".

El objetivo, según la ISO, es que las organizaciones contribuyan a combatir el fenómeno que aumenta el costo de hacer negocios e introduce incertidumbre en las transacciones. Aunque, advierte, su puesta en marcha no proporciona ninguna garantía de que los sobornos no vayan a producirse.

Asociaciones empresariales fueron consultadas sobre el valor de la norma, pero, al cierre de esta edición, no respondieron.

EL ORIGEN

La historia comenzó en 2013. "El organismo nacional de normalización de Reino Unido, British Standards Institution (BSI), inició la propuesta para desarrollar una norma internacional contra el soborno", explica Mike Henigan, secretario del comité técnico encargado de desarrollar el proyecto.

Representantes de los organismos de normalización de 37 países, entre ellos, México, Canadá y Colombia, participaron en el proceso. Otras 23 naciones, como Nueva Zelanda y Japón, fungieron como observadores.

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El resultado fue una norma que busca combatir ocho tipos de actividades que, según el comité, la ley por sí sola difícilmente puede reducir, como sobornos por parte del personal que actúe en nombre de la organización o para su beneficio y los ofrecidos o aceptados a través de un tercero.

Alejandro Pulido, coordinador de anticorrupción y transparencia del laboratorio de políticas públicas Ethos, considera que la implementación permitirá a las empresas u organizaciones estandarizar los procedimientos internos y fortalecer la transparencia.

"(La norma) provee valoraciones y procedimientos muy claros que describen cómo instrumentarla", dice Anne Hayes, jefa de Desarrollo de Mercado para la Gobernabilidad y Riesgo de BSI Group. "Lo que una organización necesita es que a los altos directivos se les someta a este estándar y se les obligue a responsabilizarse de tal procedimiento".

Sobre el tiempo que tomará a las empresas implementarlo, Eugenia Castañeda, abogada de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalla que dependerá del tamaño. "Hay empresas que son pequeñas y se pueden mover más rápido. Hay otras que van a requerir autorizaciones y por la cantidad de empleados, probablemente, se van a tardar más, calculo que tomaría seis meses", dice.

TAREAS PENDIENTES

Sobre el perfil de las empresas en México que deberían comenzar a trabajar con el estándar, la socia de KPMG considera que deben hacerlo aquellas a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les ha exigido que implementen programas anticorrupción robustos. "Hay muchas compañías que están en México, que son subsidiarias de firmas de Estados Unidos", detalla.
Las empresas y organizaciones que implementen el sistema podrán obtener una certificación antisobornos. Sin embargo, a pesar de que el documento guía para implementar el sistema de gestión ya está disponible en el sitio oficial de la ISO y ha comenzado a descargarse, lo que demuestra interés en el tema, en México todavía no puede certificarse su implementación.

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"No hemos recibido solicitud de algún organismo interesado en acreditarse para certificar esta norma", revela Martha Mejía, directora de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). "Hemos recibido consultas y en el momento en que exista alguno estaremos en posibilidades de ofrecer información".

La EMA tiene 86 organismos acreditados para certificar diversos sistemas de gestión ambientales, de seguridad o salud, entre otros. "Alguno de ellos pudiera ampliar su alcance a esta norma", agrega Mejía.

Respecto del alcance de la repercusión, Pulido y Castañeda coinciden en que es necesario que se extienda a otras variables de corrupción, como fraudes, lavado de dinero y monopolio. "Los sobornos son una parte muy pequeña", concluye la abogada.

NOTA DEL EDITOR: Este reportaje se publicó originalmente en la edición 1203 de la revista Expansión, publicada el 15 de diciembre de 2016. Adquiere esta revista o suscríbete a nuestra edición digital en iOS o Android


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