Democracia y Estado de Derecho
Pablo Rodríguez: "Chile demanda una rectificación que supere los traumas del pasado y estimule la capacidad productiva, sin lo cual los mejores proyectos serán vanos. Pero, por encima de todo, pacifique los espíritus en lugar de inducir al enfrentamiento y la discordia..."
Se ha discutido entre analistas y estudiosos si el Estado de Derecho es un ingrediente necesario en un régimen democrático. En otras palabras, si puede existir un gobierno elegido por el pueblo (la mayoría), sin estar fundado en el respeto a la ley como requisito fundamental de la vida en sociedad. El Estado de Derecho supone la existencia de un sistema de normas (leyes, reglamentos, tratados internacionales, etcétera), que regula o determina la licitud y legitimidad de todos nuestros actos. Aquel que vive en el marco de la legalidad sabe, a ciencia cierta, qué puede y qué no puede hacer, cuál es el castigo en el evento de una contravención, y quién es el encargado de aplicar las sanciones previstas en la ley. Pero las exigencias son todavía mayores. El ordenamiento jurídico debe ser elaborado por el titular de la respectiva potestad (poderes colegisladores) y respetar valores esenciales, como la vida, la igualdad ante la ley, la libertad y la dignidad de las personas. En pocas palabras, es este el único medio capaz de brindarnos plena certeza de que no seremos objeto de represalias, abusos o discriminaciones. En suma, no puede existir la democracia si no en el ámbito del Estado de Derecho.
Tengo la impresión de que los chilenos -ciudadanos y autoridades- no valorizamos suficientemente la importancia del Estado de Derecho, ni nos encontramos empeñados en perfeccionarlo y fortalecerlo, razón por la cual estamos muy lejos de que él impere como es debido. No exagero si digo que la mayor parte de nuestros problemas son consecuencia de que eludimos o burlamos el mandato de las leyes, con los más pueriles pretextos y siempre sobreponiendo el interés personal por sobre el interés común. Esto explica un decaimiento generalizado, una desconfianza obsesiva y una insatisfacción profunda con las instituciones fundamentales. El daño social que provoca un Estado de Derecho imperfecto y anémico es enorme, porque se pierde toda esperanza de mejorar la convivencia, de hacer que impere la paz y, por sobre todo, que reine la seguridad.
Si miramos en derredor, el panorama es patético. En efecto, constataremos que los dirigentes políticos, llamados a conducir los destinos de la nación, sin distinción de banderías, aparecen atados a sus intereses económicos y electorales. La delincuencia se ensaña con la población, contrarrestando toda capacidad de reacción policial. Los tribunales, lejos de amedrentar a subversivos y antisociales, parecen dar alas a sus móviles. La salud pública funciona en condiciones paupérrimas, y la privada vive en constante pugna con la autoridad. La legislación laboral, llave maestra para estimular la inversión y el crecimiento, se debate entre consignas e imposiciones ideológicas, enervando toda iniciativa económica de envergadura. Como si lo anterior fuera poco, ni siquiera sabemos de qué modo se abordará, en definitiva, la sustitución de la actual Constitución, que no tiene otro reparo que haber sido obra del gobierno militar. El cuadro que describo es terreno fértil para cultivar el odio y el revanchismo, obsesión que parece haber contagiado a una parte de la ciudadanía.
Chile demanda una rectificación que supere los traumas del pasado y estimule la capacidad productiva, sin lo cual los mejores proyectos serán vanos. Pero, por encima de todo, pacifique los espíritus en lugar de inducir al enfrentamiento y la discordia.
La insatisfacción actual no es la primera experiencia en la materia. Luego de la caída del primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1931), aún latentes brotes anarquistas que se activarían más adelante, se proclamó la candidatura presidencial de don Juan Esteban Montero, un distinguido abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuando se le preguntó cuál era su programa, sacó de su bolsillo un ejemplar de la Constitución Política del Estado. Indudablemente, quiso con ello realzar la importancia de vivir en la legalidad y el respeto a la institucionalidad vigente.
El país ha avanzado en los últimos 30 años como nunca a través de su historia independiente. Ha surgido una clase media pujante, que desplazará a sectores antes hipersensibles frente a la predica del resentimiento y la lucha de clases. Pero el desconcierto que ha sembrado la decadencia que nos afecta, fruto de reformas mal pensadas y peor implementadas, puede mellar su resistencia y echar por tierra todo lo avanzado. Por lo mismo, debemos neutralizar este peligro, cualquiera que sea su costo. De aquí la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional que asegure la estabilidad y el progreso.
Pablo Rodríguez Grez
Tengo la impresión de que los chilenos -ciudadanos y autoridades- no valorizamos suficientemente la importancia del Estado de Derecho, ni nos encontramos empeñados en perfeccionarlo y fortalecerlo, razón por la cual estamos muy lejos de que él impere como es debido. No exagero si digo que la mayor parte de nuestros problemas son consecuencia de que eludimos o burlamos el mandato de las leyes, con los más pueriles pretextos y siempre sobreponiendo el interés personal por sobre el interés común. Esto explica un decaimiento generalizado, una desconfianza obsesiva y una insatisfacción profunda con las instituciones fundamentales. El daño social que provoca un Estado de Derecho imperfecto y anémico es enorme, porque se pierde toda esperanza de mejorar la convivencia, de hacer que impere la paz y, por sobre todo, que reine la seguridad.
Si miramos en derredor, el panorama es patético. En efecto, constataremos que los dirigentes políticos, llamados a conducir los destinos de la nación, sin distinción de banderías, aparecen atados a sus intereses económicos y electorales. La delincuencia se ensaña con la población, contrarrestando toda capacidad de reacción policial. Los tribunales, lejos de amedrentar a subversivos y antisociales, parecen dar alas a sus móviles. La salud pública funciona en condiciones paupérrimas, y la privada vive en constante pugna con la autoridad. La legislación laboral, llave maestra para estimular la inversión y el crecimiento, se debate entre consignas e imposiciones ideológicas, enervando toda iniciativa económica de envergadura. Como si lo anterior fuera poco, ni siquiera sabemos de qué modo se abordará, en definitiva, la sustitución de la actual Constitución, que no tiene otro reparo que haber sido obra del gobierno militar. El cuadro que describo es terreno fértil para cultivar el odio y el revanchismo, obsesión que parece haber contagiado a una parte de la ciudadanía.
Chile demanda una rectificación que supere los traumas del pasado y estimule la capacidad productiva, sin lo cual los mejores proyectos serán vanos. Pero, por encima de todo, pacifique los espíritus en lugar de inducir al enfrentamiento y la discordia.
La insatisfacción actual no es la primera experiencia en la materia. Luego de la caída del primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1931), aún latentes brotes anarquistas que se activarían más adelante, se proclamó la candidatura presidencial de don Juan Esteban Montero, un distinguido abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuando se le preguntó cuál era su programa, sacó de su bolsillo un ejemplar de la Constitución Política del Estado. Indudablemente, quiso con ello realzar la importancia de vivir en la legalidad y el respeto a la institucionalidad vigente.
El país ha avanzado en los últimos 30 años como nunca a través de su historia independiente. Ha surgido una clase media pujante, que desplazará a sectores antes hipersensibles frente a la predica del resentimiento y la lucha de clases. Pero el desconcierto que ha sembrado la decadencia que nos afecta, fruto de reformas mal pensadas y peor implementadas, puede mellar su resistencia y echar por tierra todo lo avanzado. Por lo mismo, debemos neutralizar este peligro, cualquiera que sea su costo. De aquí la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional que asegure la estabilidad y el progreso.
Pablo Rodríguez Grez
Fuente:EMOL
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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© Andrés Pérez
