El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Manuel Aris, Fundación Ciudadano Inteligente: "No regula el mercado"
Como un proyecto "insuficiente" calificó la propuesta para regular el lobby el jefe del área incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, Manuel Aris. "Es un avance que se esté tramitando la ley, pero no tener un registro de lobbistas atenta contra un principio básico de la regulación, que es identificar, conocer y transparentar a las personas que ejercen influencia sobre los tomadores de decisiones", acota. Estima que "la mayor deficiencia es que no se regula el mercado del lobby, que en el fondo es un negocio que están ejerciendo empresas e instituciones y que las pueden ejercer organizaciones con y sin fines de lucro". Aunque reconoce que un aspecto destacable es que las autoridades estén obligadas a mostrar su agenda y hacerla pública.
-¿Un registro obligatorio de lobbistas es la solución? -El lobby debe ser una actividad regulada, no solamente a través de un registro, sino también con normas que definan los procedimientos de una manera más concisa. Tiene que quedar muy claro cuándo se está ejerciendo el lobby y cuándo no.
-¿Quién debería ser considerado como lobbista? -Quienes ejercen una influencia sobre los tomadores de decisiones y lo hacen con cierta habitualidad. Una persona que intenta ejercer influencia en los tomadores de decisiones una vez cada seis meses ya tiene una habitualidad para ser incluido en un registro.
-¿Qué le parece que el peso de la regulación esté en las autoridades? -Es importante poner límites al lobby y que la autoridad tenga un resguardo para que no se repitan casos como el de la diputada Isasi.
-¿El proyecto es un avance ? -La igualdad de la influencia política es central en un sistema democrático y tenemos que mejorar los mecanismos institucionales que existen para garantizarla. Uno de ellos regular el lobby, y que el nivel de influencia de grupos esté regulado y sea transparente.
La ley que regula el lobby, tras el acuerdo que permitió la semana pasada su despacho en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, "está viendo la luz al final del túnel", afirma el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Fueron dos meses de negociación -en medio de la polémica por los supuestos pagos a la diputada Marta Isasi por parte de Corpesca- que concluyeron en una fórmula de consenso y que el ministro espera que permita que el proyecto, al que le mantuvieron la suma urgencia, se despache dentro de los próximos 30 días.
Primero se votará en la Comisión de Hacienda y luego en la sala de la Cámara de Diputados para pasar a su último tramite en el Senado, si es que las cosas no se complican.
"Cuando se apruebe esta ley, el país dará un salto gigantesco en una nueva institucionalidad que generará confianza, un mejor funcionamiento de las instituciones y de la toma de decisiones públicas. Dará la tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a que se velará por el bien común y no poniendo el peso en un solo interés privado. Aquí todo va a ser transparente", afirma Larroulet.
El jueves el ministro llegó de París tras ser invitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a exponer sobre la confianza en las instituciones públicas y, en este contexto, sobre el lobby.
-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Que el lobby sea transparente, que no haya sectores con privilegios sobre otros para plantear puntos de vista. Segundo, que no se limite a unos pocos su regulación.
-¿Cuáles son los principales cambios?
-Lo primero es ubicarse dentro de un contexto. Esta es una ley que lleva 10 años en el Congreso y que no ha podido avanzar. Nosotros hicimos un nuevo intento y hemos logrado un consenso.
Aquí el principio central es la transparencia y que todos los chilenos sepan quiénes hacen gestiones de intereses particulares, sean o no remuneradas, frente a los funcionarios que toman decisiones en el Poder Ejecutivo, Legislativo, los órganos autónomos constitucionales y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
-¿Qué información deben entregar?
-Todos estos funcionarios deberán tener una agenda pública que informe a quiénes han recibido, sus nombres, instituciones, intereses, a quiénes representan, si reciben remuneraciones por estas gestiones, el lugar y la fecha de la reunión.
-¿Qué se considera finalmente como lobby?
-Toda gestión hecha por oficinas de abogados, agencias de comunicación y de lobby, gremios empresariales, sindicatos, ONG, centros de estudios. Todo el que plantee un interés particular va a quedar registrado en los sitios web de la entidad, reciba o no remuneración.
Pero, además, la ley obliga a la Segpres a tener una página web y publicar en un portal centralizado un registro sistematizado de las nóminas de todas las agencias de lobby y los gestores de intereses particulares que hayan sostenido reuniones con los funcionarios públicos, parlamentarios y/o asesores relevantes de éstos.
-¿Esta información es pública?
-Sí, es pública y, además, tendrá que actualizarse semestralmente. Habrá un lugar centralizado en donde se podrá saber exactamente qué fueron a plantear, cuándo y a qué autoridad.
-¿Esta ley pone el peso de la regulación en las autoridades?
-Claro, en quien es sujeto de lobby. Pero, a su vez, la Segpres tiene la obligación de, en un solo portal, colocar el registro de audiencias públicas y, a través de este sistema, van a estar todas las agencias y las personas que han hecho un planteamiento para defender un interés particular.
-Eduardo Engel y Víctor Pérez señalan que deben ser los lobbistas quienes tienen que hacer pública la información relevante de su actividad.
-De alguna manera lo que ha detenido la regulación del lobby en los últimos años es que se ha puesto el énfasis en un registro donde quedan pocos registrados. Este proyecto los incluye a todos y, además, obliga a las personas jurídicas a dar cierta información sobre su estructura y conformación.
-¿Este proyecto cumple con los estándares de la OCDE?
-Cuando expliqué el proyecto en la OCDE fue muy bien recibido. Nuestra legislación está avanzando de acuerdo a los estándares éticos y principios que ésta pide, entre otras materias, en el tema del lobby.
-¿Por qué ustedes se oponen al registro de lobbistas?
-Aquí hay un registro, pero que incluye a todos los que hacen lobby, ya sea pagados y no pagados. Y ese registro es el que va a llevar la Segpres y que se va a generar a través de las acciones que se hacen transparentemente a los funcionarios públicos. Cuando se puso el énfasis en quienes estaban en un registro, la ley no salió.
-¿Pero no es obligatorio para los lobbistas?
-Es obligatorio para todos... La gran diferencia es que este mecanismo cubre a todos. Al poner el énfasis en que quien tiene que informar la agenda pública es el sujeto pasivo (el parlamentario, el asesor, el ministro, el subsecretario, el jefe de gabinete), tenemos la certeza de que vamos a tener el universo de información completo.
"Tiene sanciones penales y multas"
-¿Cuáles son las sanciones?
-Hay sanciones penales para todas aquellas personas que omitan información de modo inexcusable o aquellas que entregan información inexacta. También se perfeccionan normas relacionadas con el delito de cohecho.
-¿Pero hay sanciones para los lobbistas?
-Tienen sanciones penales consistentes en multas.
Se sanciona a las autoridades que no registren esto y va a ser un procedimiento a cargo de la Contraloría.
Hay sanciones para el funcionario que no informa y para quien solicita la audiencia y omite información relevante.
Y se establece una sanción penal consistente en una multa de 10 UTM a 50 UTM a las personas que soliciten audiencia y omitan información de modo inexcusable o, a sabiendas, entreguen información inexacta o falsa al sujeto pasivo.
Diputado Harboe: "El proyecto de Bachelet era bastante más completo" Para el diputado PPD e integrante de la comisión de Legislación y Justicia Felipe Harboe este proyecto de ley es un paso importante que después puede ser mejorado.
"El proyecto de Bachelet era bastante más completo porque tenía el registro de lobbistas que permitía tener transparentemente un listado de personas e instituciones que se dedican a hacer lobby y este proyecto no contempla eso", afirma.
Se excusa: "Ahora, lamentablemente había que llegar a un acuerdo, porque no podemos tenerlo todo, hemos tenido que sacrificar este registro de lobbistas. Pero hemos logrado ampliar el concepto del lobby a las personas que ejercen la representación aunque sea de un interés particular".
-¿Cuáles son los alcances de esta ampliación?
-No sólo las personas remuneradas van a ser consideradas lobbistas, sino también aquellas que no reciben pagos. En segundo lugar, se establece que si las personas e instituciones no declaran ese interés particular se exponen a una sanción. Pero hay otras modificaciones que logramos. Por ejemplo, la extensión de esta ley a autoridades, aunque no ejerzan cargos de planta o de contrata que toman decisiones relevantes, como los jefes de gabinete, consejeros regionales, concejales.
-¿Se incorpora a los dirigentes de partido?
-Lamentablemente no. No hubo consenso en eso y creo que eso va a quedar regulado más bien por la ley de partidos políticos. Soy autor de una idea para que los partidos políticos queden regidos por la Ley de Transparencia.
-¿Insistirán con el registro en el Senado?
-Este es un primer paso, hay que seguir avanzando. Pero creo que primero hay que sacar esta ley del Parlamento y después haremos las modificaciones correspondientes.
Sería un tremendo logro no sólo para la democracia chilena tener una ley de lobby. Probablemente no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero es un importante avance y sería una buena señal para mejorar la calidad de la política.
