Con el fin de evitar situaciones como las vividas con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil cuya implementación enfrentó problemas de financiamiento, el Senado acordó pedir al Ejecutivo que detalle el informe financiero del proyecto que modifica las leyes de violencia intrafamiliar, la que crea los Tribunales de Familia y el Código Penal, para proteger a la tercera edad.
Junto con aprobar en forma unánime, la idea de legislar de esta iniciativa que cumple su segundo trámite, se fijó como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 15 de julio, a las 12 horas.
La Sala acordó que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Hacienda - además de la Comisión de Constitución- a fin de que ésta se pronuncie sobre los aspectos relativos a los recursos que irán destinados a la internación de los ancianos en situación de abandono, en hogares de acogida.
Este fue precisamente uno de los principales temas del debate en el que intervinieron los senadores Baldo Prokurica, Juan Pablo Letelier, Sergio Romero, Víctor Pérez, José García, Pedro Muñoz, Alberto Espina, Nelson Ávila, Guido Girardi, Carlos Ominami, Eduardo Frei, Jaime Orpis, José Antonio Gómez, Jorge Arancibia, Mariano Ruiz-Esquide, Alejandro Navarro, Jaime Gazmuri, Evelyn Matthei, Guillermo Vásquez, Hosaín Sabag y Ricardo Núñez, además del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
Los senadores Jaime Orpis, Evelyn Matthei, Alberto Espina pidieron expresamente que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Hacienda porque se establece expresamente que los jueces de familia podrán decretar medidas de internación en el caso de adultos mayores en situación de abandono, es decir, de un anciano que requiera cuidados y esté desamparado.
A juicio de los legisladores "se están entregando facultades al juez pero no se contempla en el texto si se contarán con los hogares o los lugares adecuados para hacer efectiva la internación". Por lo tanto, se estaría legislando de manera inadecuada si no se informa cuántos cupos existen en los hogares de acogida o cuánto cuestan estas medidas.
El senador Espina agregó que es preciso que "durante el debate en particular, los organismos involucrados: Servicio Nacional del Adulto Mayor, las policías y los tribunales nos digan cuáles son las falencias que observan en este proyecto porque muchas veces dictamos leyes que no cumplen el objetivo de proteger a las víctimas".
A su vez, los senadores Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz advirtieron que "no podemos dejar pasar el hecho de que los establecimientos de acogida de adultos mayores de larga estadía dejan mucho que desear y es necesario que exista una política pública para saber a costa de quién será la internación porque también está la responsabilidad de las propias familias". Agregaron que hay que preocuparse de los hogares con fines de lucro y que no cumplen ni los requisitos mínimos sanitarios.
En tanto, el senador José García fue más allá y aseveró que el costo de mantención de un adulto mayor en un hogar sin fines de lucro ascienda a los $300 mil mensuales, en circunstancias que estas personas solo reciben una pensión básica de $75 mil, por lo que deben recurrir a la solidaridad. Por ello, llamó al Gobierno a implementar subsidios para disminuir esa brecha y permitir un financiamiento de estos hogares.
Por su parte, los senadores Guillermo Vásquez, José Antonio Gómez, Hosaín Sabag y Ricardo Núñez recalcaron la necesidad de no dilatar más allá de lo necesario este proyecto que es fundamental para la protección social de la tercera edad y solicitaron a la Comisión de Hacienda que consideren el compromiso del Ejecutivo de incluir el financiamiento de este proyecto en la próxima Ley de Presupuesto.
REALIDAD OCULTA
Los senadores Baldo Prokurica, Sergio Romero y Víctor Pérez valoraron esta iniciativa como un avance en nuestra institucionalidad porque la sociedad chilena está envejeciendo rápidamente, debido a la fuerte baja en la tasa de natalidad. Indicaron que muchas veces junto con la tercera edad viene el deterioro de la calidad de vida y la violencia física y sicológica contra el adulto mayor, la cual es todavía una realidad que se mantiene oculta.
Valoraron que se esté restableciendo un concepto que faltaba dentro de la actual legislación y admitieron que la iniciativa puede perfeccionarse en varios aspectos. De este modo, el senador Romero anticipó que presentará una indicación para aclarar que los tribunales podrán decretar medidas cautelares contra cualquier anciano en situación de abandono independientemente del origen de la misma
Por su parte, los senadores Nelson Ávila, Guido Girardi, Carlos Ominami, Eduardo Frei y Mariano Ruiz-Esquide fueron categóricos en criticar el descuento del 7% en salud a las pensiones de los adultos mayores. Indicaron que tampoco tiene asidero que dentro de esta cifra un 2% vaya a financiar las licencias médicas, "porque se trata de personas que nunca serán contratados y, por lo tanto no harán uso de dichos permisos".
Precisaron que es indispensable seguir avanzando hacia la consagración de más derechos de este sector, pero advirtieron que "el tema de fondo es que formamos parte de una sociedad maltratadora, donde existe una cultura de violencia, donde no hay respeto ni valoración hacia los mayores".
En esa línea los senadores Jaime Orpis y Jorge Arancibia hicieron notar una visión distinta porque "los adultos mayores de hoy son mucho más activos y vigentes que hace algunas décadas y, por lo tanto se van a requerir no solo políticas asistencialistas sino también de capacitación e integración porque cada día que pasa los vamos a ir necesitando en puestos productivos reales, debido precisamente al envejecimiento de la población".
Coincidieron con sus pares los senadores Jaime Gazmuri, Alejandro Navarro y José Antonio Gómez quienes señalaron que estamos avanzando hacia una sociedad donde los adultos mayores van a jugar un rol importante. "La geriatría y la ergonomía de nuestras ciudades deberán ser incorporadas en las políticas públicas. Por ello, pidieron fortalecer el actual Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y sancionar también a quienes comentan abuso contra el patrimonio monetario de los adultos mayores.
Finalmente, el ministro Jose Antonio Viera Gallo, agradeció la aprobación del proyecto y valoró la labor realizada durante varios años por distintos parlamentarios que han sido autores de diversos proyectos de ley que tenían como eje central su preocupación por la tercera edad. Reiteró además el compromiso del Ejecutivo de financiar la iniciativa vía Ley de Presupuesto 2010.
cuerdo que rechaza el quiebre institucional en la República de Honduras. A través de esta iniciativa, el Senado de Chile expresó su apoyo al restablecimiento de la democracia en ese país y reiteró la vigencia del sistema interamericano y de su principio de no intervención. Al día siguiente y en medio del cambio de mando en Panamá - donde asumió la presidencia Ricardo Martinelli - tuve la oportunidad de conversar con el depuesto mandatario hondureño, Manuel Zelaya, quien arribó de manera inesperada a ciudad de Panamá. En esa oportunidad le entregué a Zelaya el proyecto de acuerdo del Senado que repudia el golpe de Estado en su país, quien me agradeció este gesto de la Cámara Alta chilena y no dudo en comentarlo a los medios internacionales que estaban en el lugar.
familias, ya en el ocaso de la vida de este segmento de la sociedad, olvidan lo que hicieron por uno u otro.
El proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar para incluir el maltrato a los adultos mayores es un avance significativo, puesto que entrega herramientas particularmente a los tribunales de familia, que es la institucionalidad que el país se ha dado para enfrentar con mayor eficacia estos temas.
