CORRUPCION EN LA CONCERTACION
MOP GATE ¿ES ESTE EL MAYOR CASO DE CORRUPCION DEL GOBIERNO DE LAGOS ESCOBAR EN CHILE?
Lecciones de un caso
Después de 70 meses de investigación y análisis, la ministra Chevesich cerró el pasado martes el caso MOP-Gate. Los resultados mostraron una defraudación al fisco por mil 253 millones de pesos, asociados a sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y triangulación de dineros para sobresueldos. Quedaron procesados como autores de dicho delito Carlos Cruz, ex ministro de OO.PP. del gobierno del Presidente Lagos, y el jefe de finanzas de la Dirección de Vialidad del MOP, Sergio Cortés, y como autor del delito de estafa el dueño de la empresa Gate y ex seremi de Transportes Héctor Peña Véliz. Fue una investigación encomiablemente minuciosa, que logró establecer los canales por los cuales se filtraron dineros públicos, así como las responsabilidades específicas de cada procesado en los distintos procedimientos calificados por la jueza como "ardides".
Explícita o implícitamente, estas operaciones fueron defendidas en su momento como formas de superar las rigideces salariales y administrativas del sector público. No obstante, los procedimientos fueron totalmente inaceptables. Los funcionarios públicos, ministros y representantes elegidos o designados tienen obligaciones para con la ciudadanía que no pueden atropellarse mediante procedimientos discutibles, discurridos entre cuatro paredes y sin una razonable deliberación pública. Que en su momento se haya incurrido, a espaldas de la población, en una serie de operaciones irregulares para responder a supuestos cuellos de botella en la gestión pública habla de una cultura en la cual se ignora la rendición de cuentas y no hay cabal respeto por el ciudadano medio, que es quien, finalmente, financia al Estado.
Es cierto que en su hora el MOP elaboró un proyecto que presentó al Congreso, pero allí enfrentó reparos legales y constitucionales que impidieron que se convirtiera en ley. Pero en vez de reparar esas deficiencias, se apeló a métodos ilícitos, que condujeron a los procesamientos mencionados.
Cada vez que se recurre a vías al margen de las reglas formales del Estado para desarrollar su labor se arriesga diluir los objetivos institucionales de los servicios públicos, deslegitimar su labor y burlar la fe pública. Al respecto, cabe recordar el caso paralelo del pago adicional en sobres con billetes a altos funcionarios públicos, claramente anómalo y que, además, dio lugar a un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos en el sentido de que ellos no eran tributables, que asombró a la opinión pública. Tales situaciones lesionan la credibilidad de las reparticiones públicas y la confianza ciudadana.
Claramente, nuestro Estado no está a la altura de los requerimientos de una gestión moderna y eficaz, pero ponerlo al día es una tarea que no puede hacerse de manera improvisada. La reforma que se acordó en 2003, también en el gobierno de Lagos, y que entre otros aspectos creó la alta dirección pública, mejoró las remuneraciones de las altas autoridades y estableció funciones críticas en la alta administración del Estado, demostró que es posible avanzar hacia un aparato público más eficaz y eficiente mediante acuerdos políticos amplios, que se refrenden en el Congreso mediante leyes. La ciudadanía obviamente valora estos acuerdos, porque un mejor Estado ciertamente la beneficia. Eso indica que se pueden realizar profundas reformas de los órganos estatales de manera transparente, en vez de optar por caminos oscuros, amparándose en que los cambios necesarios no serían comprendidos por la ciudadanía o carecerían del piso político para llevarse adelante.
La experiencia nacional e internacional demuestra que sí son posibles reformas drásticas si ellas se explican bien a la opinión pública. Pero una combinación que mezcla captura de los servicios públicos por parte de funcionarios y políticos, desconfianza hacia la ciudadanía, cultura facilista, poco compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, lleva a que no se siga avanzando con mayor celeridad en la reforma del Estado. Hay algunas reformas e iniciativas recientes valiosas, como las que instalaron el Consejo de Transparencia y solicitaron la renuncia a jefes de servicios que no habían sido concursados por la Alta Dirección Pública. Sin duda, deben ellas celebrarse, pero la agenda necesita ser más ambiciosa.
Se requiere certeza de que casos como el MOP-Gate no se repetirán y de que, dentro del marco constitucional y legal, el Estado tendrá las capacidades y las instituciones que le permitan realizar una mejor gestión. Prueba de lo mucho que resta aún por avanzar es la facilidad con la que se instalan en el Estado entidades equivalentes a verdaderos servicios públicos, mediante programas que son financiados por vía de la Ley de Presupuestos y en los que el personal es reclutado a honorarios o a contrata, sin someterse a concursos públicos de antecedentes.
Sin duda, ello le da flexibilidad al Estado, pero los niveles de transparencia y de rendición de cuentas son prácticamente inexistentes y ciertamente incompatibles con las exigencias de un Estado moderno y una sociedad democrática. Avanzar en esta dirección es algo que ni este ni los próximos gobiernos deben soslayar.
La forma en que se llevó este caso revela que la justicia puede ser una vital aliada para asegurar que el camino que se siga sea el que aquí se ha delineado.
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