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Santa Cruz, la región más rica y desarrollada de Bolivia, donde además se encuentran las estratégicas reservas de gas y petróleo, se dispone a desafiar al Estado con un referéndum sobre su estatuto de autonomía que, de entrar en funcionamiento, hará saltar por los aires el proyecto indigenista para Bolivia del presidente Evo Morales. La tensión aumenta a medida que se aproxima la hora de la apertura de las urnas, pasado mañana. Morales ha declarado ilegal la consulta y ha hecho un llamamiento a la abstención, mientras las últimas encuestas auguran una victoria del sí con un porcentaje en torno al 80% de los votos.
El texto que se votará se inspira en el modelo autonómico español
Cientos de policías han sido enviados a la región para evitar disturbios
Elaborado por una asamblea compuesta por concejales, diputados y senadores originarios de Santa Cruz, el texto se inspira en el modelo autonómico español y dota a las nuevas autoridades regionales de amplias competencias. Entre otras, una fundamental: la gestión de los recursos económicos propios y la creación de una Hacienda cruceña encargada de negociar con el Gobierno de La Paz el aporte económico que Santa Cruz deberá hacer al resto del país. Dada la gran desproporción existente entre la fuerza económica de Santa Cruz y las demás regiones, el nuevo sistema colocaría en una situación de preeminencia a la autonomía cruceña.
El texto además habla de "nacionalidad", "identidad histórica" y "derecho al autogobierno", términos que le han valido la acusación de separatista desde La Paz. A diferencia del proyecto de Morales, que reconoce la cooficialidad de una treintena de lenguas indígenas, el estatuto de Santa Cruz proclama al castellano como única lengua oficial de la región, aunque se compromete a respetar "las lenguas nativas".
La convocatoria de la consulta ha colocado las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno de Evo Morales en un punto de enfrentamiento inédito. Mientras el mandatario boliviano acusa a los promotores del Gobierno de "oligarcas separatistas", éstos, encabezados por el prefecto
Rubén Costas, acusan a Morales de saltarse el resultado del referéndum vinculante celebrado en julio de 2006, en el que por amplia mayoría los cruceños daban un mandato a la Asamblea Constituyente boliviana, votada ese mismo día, para que en la nueva Constitución se consagrara el sistema autonómico. La elaboración de la nueva Constitución -finalmente de corte colectivista e indigenista- ha estado plagada de incidentes y enfrentamientos que el pasado diciembre colocaron al país al borde del enfrentamiento civil.
De hecho, la nueva Constitución debería haberse sometido a votación también el próximo domingo, pero el Tribunal Supremo boliviano anuló la convocatoria. El escenario de Morales se complica, ya que a Santa Cruz le seguirán otras tres regiones -Pando, Beni y Tarija- en la votación de sus respectivos referendos de autonomía colocando como hecho consumado un proceso que paraliza su proyecto.
Por su parte, las autoridades de Santa Cruz no han atendido a las advertencias del Tribunal Nacional Electoral, que ha recordado que de acuerdo con las leyes vigentes es el único legitimado para convocar un referéndum de este tipo y han continuado adelante. Esto ha provocado una auténtica guerra publicitaria en la que, mientras desde Santa Cruz se anima a la participación, el Gobierno recuerda por un lado a los ciudadanos que no están obligados ni a votar ni a formar parte de las mesas de votación y a los medios de comunicación que no tienen que respetar la jornada de reflexión. El mismo presidente viajó el pasado martes hasta la capital cruceña, donde repartió varios miles de dólares en metálico entre los habitantes de una gran barriada convertida en feudo de sus simpatizantes y prometió ocho millones de dólares en ayudas.
Centenares de policías han sido enviados a la región para evitar que el domingo se produzcan choques, sobre todo en las zonas de preeminencia quechua y aimara como San Julián, Yapacuní y El Torno. El desplazamiento ha provocado las reticencias de los partidarios del sí, dado que estas fuerzas no vigilarán los colegios electorales porque el Estado no reconoce la legalidad de la consulta. Ante esta situación, las autoridades de Santa Cruz han creado una fuerza policial denominada Guardia Civil, que todavía no porta armas de fuego y cuyos 600 hombres forman el embrión de la nueva policía autonómica. Ellos y la policía municipal serán los encargados de velar por el orden en los locales de votación.
En la guerra de nervios que se libra, una importante escaramuza se produjo la semana pasada cuando Santa Cruz decidió desconectarse del sistema informático a través de cual las regiones bolivianas rinden cuentas al Ministerio de Economía. La respuesta del Gobierno central fue automática y congeló los fondos de la región. Varios días después, las autoridades de la región justificaron la desconexión diciendo que era necesaria para llevar a cabo unas "tareas de mantenimiento" y volvieron al redil informático.
Mientras, prosiguen los llamamientos al diálogo entre las dos partes. La Organización de Estados Americanos ha enviado una misión especial para tratar de sentar en la misma mesa a representantes del Gobierno con líderes autonomistas, a ser posible antes del domingo. Los autonomistas cruceños son conscientes de que nada de lo que se vote puede entrar en funcionamiento si no hay un acuerdo previo con el Gobierno central y en el entorno del presidente boliviano existe un sector moderado que aboga por evitar que la situación quede totalmente fuera de control.
